La Unidad de Protección Especial de Iquitos del Ministerio de Salud pidió al Hospital Regional de Loreto el acceso de la niña de 11 años al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud fue negada por una junta médica.
“Velaremos por que se resguarde su salud integral y se restituyan sus derechos vulnerados”, aseguró la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino, en referencia al caso de la niña loretana embarazada producto de una violación sexual.
La menor de 11 años fue ultrajada por su padrastro y, a la fecha, tiene 17 semanas de gestación. La Unidad de Protección Especial de Iquitos del Ministerio de Salud pidió al Hospital Regional de Loreto el acceso de la pequeña al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.
En rueda de prensa, la ministra de Estado lamentó este caso y señaló que hasta junio de este año se han reportado más de 4 000 denuncias de violación sexual, de las cuales 3 700 víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Poco después, la cartera emitió un comunicado en el que indica que, desde que tomó conocimiento del caso, la niña está bajo tutela del ministerio y ejerce la representación legal en la defensa de sus derechos.
«Profesionales del MIMP activaron inmediatamente todos los protocolos de protección para la niña y para sus hermanos y hermanas, buscando su integridad personal», explicó. Y remarcó: «En el marco de estas acciones estamos coordinando con todos los sectores involucrados para garantizar su salud y su acceso a la justicia».
El portafolio sostuvo, además, que vela por la calidad de la atención de sus servicios de protección y procederá con las investigaciones necesarias ante cualquier irregularidad.
En vísperas, varios organismos de las Naciones Unidas demandaron al Estado peruano reconsiderar la decisión de negarle el aborto terapéutico a la niña de 11 años.
«Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña desde un enfoque integral y en el marco del principio del interés superior del niño, instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico», refirió en un pronunciamiento.
