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Congreso aprobó medidas para garantizar la protección de víctimas de violencia familiar

La Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento aprobó por unanimidad, el texto del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo medidas especiales para garantizar atención y protección efectiva.

La congresista Arlette Contreras Bautista (NoA) fue quien sustentó el proyecto de ley 4941/2020-CR de su autoría, materia del dictamen sancionado.

“Lo que buscamos resolver es el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia con la implementación de medidas de protección eficaces que garanticen la vida e integridad de las mujeres”, dijo Contreras Bautista

La Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento aprobó por unanimidad, el texto del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo medidas especiales para garantizar atención y protección efectiva.
Se aprueba proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

La parlamentaria expresó que el objeto de la propuesta es garantizar el derecho de las mujeres y de las integrantes del grupo familiar a una vida libre de violencia, mediante la implementación de medidas de protección efectivas, con especial atención a las que se dan durante las declaratorias del estado de emergencia.

Subrayó que, en periodos excepcionales, como estados de emergencia, la recepción de las denuncias debe de ser obligatoria y podrá prescindirse de la ficha de valoración de riesgo para la emisión de medidas de protección y/o cautelares. Porque esto genera imposibilidad para tener protección, afirmó.

Además, se plantea que el juez pueda hacer uso de recursos tecnológicos que permitan la comunicación con la víctima, dejando constancia de lo actuado; asimismo se puede prescindir de la audiencia, mediante decisión debidamente motivada e independientemente del nivel de riesgo. “Se está flexibilizando el trámite burocrático en las medidas de protección”, remarcó.

El dictamen precisa que, durante la declaratoria de estados de emergencia, el Poder Judicial, a través de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, dispondrá la habilitación de los recursos tecnológicos necesarios para el dictado de las medidas de protección y/o cautelares, y desarrollará los procedimientos virtuales e interperables para su uso adecuado.

Asimismo, prevé que cuando la aplicación de estos no sea posible, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se dispondrá el traslado de jueces a las comisarías para el inmediato dictado de estas medidas.

Bajo este supuesto, la atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, desde que se produce la denuncia hasta que se dictan las medidas de protección, no puede exceder el plazo de 24 horas.

Así también la Policía Nacional del Perú, en periodos excepcionales, podrá disponer de casillas electrónicas para facilitar la notificación de las medidas de protección y otras resoluciones orientadas a garantizar la integridad de las víctimas de violencia.

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